La política como instrumento de la paz

Por Francisco Piñón

La política como valor

La política conlleva dos dimensiones, una agonal que nos remite al conflicto, a la confrontación y a las tensiones, y otra arquitectónica, que nos señala la capacidad de construcción, el rol que cumplen los valores y los principios en el terreno ético de la política. Si la primera representa el momento de la diferenciación y la tensión de intereses, valores y principios, el segundo momento hace referencia a la capacidad para vertebrar y poner en funcionamiento proyectos comunes, a la posibilidad de avanzar en la búsqueda de consensos y en el ejercicio pleno de la democracia.

Después de las guerras del Golfo y del rumbo que ha tomado la política tras los atentados de Nueva York, de Madrid y de Londres, acompañados por la invasión y ocupación de Irak, se ha insistido en la hipótesis de una cierta primacía del momento agonal en desmedro de aquella capacidad arquitectónica a la que hiciera referencia. Bajo una suerte de estado de excepción permanente, la guerra preventiva ha echado a andar el discurso de la seguridad a cualquier precio, poniendo en juego no sólo la posibilidad de un diálogo entre Oriente y Occidente sino y, al mismo tiempo, limitando los logros conseguidos en materia de derechos humanos y de expansión de las democracias.

Sin embargo y contrariamente a lo que parecen propiciar ciertas tendencias actuales y pasadas, sostendré que el valor es uno de los contenidos centrales de la política.

Los debates que suscitaran las dos Guerras Mundiales, la experiencia nazi y los fascismos en Europa, la caída de los sistemas del socialismo real, el avance de las posiciones neoliberales en un escenario de recorte de las atribuciones del estado de bienestar y las consecuencias visibles de lo que estas políticas han significado en materia de desarrollo social y económico para los países de América Latina, junto con la creciente militarización del espacio internacional, han vuelto necesario repensar si la política es en sí misma un valor. Y si la política es efectivamente un valor, qué significa esto.

Siguiendo esta línea argumental, diré que la política se nos presenta en este tiempo, que caracterizaremos luego como un cambio de época, como tensionada por una serie de fenómenos que han puesto en juego la relación entre valores e intereses, desestabilizando el equilibrio que debería existir entre ambos.

Ya sea que se trate de intereses corporativos que pretenden apropiarse sin más de la cosa pública o bien porque la política corre aún el riesgo de quedar asimilada a la pura lógica del mercado. En ambos casos la idea de valor se nos ofrece descentrada en relación con los intereses. Un descentramiento que conlleva una creciente independencia de los intereses con respecto a los valores y una cada vez mayor instrumentalización de la política.

Esta es una tendencia que, junto con la primacía de la dimensión agonal, parece caracterizar el actual estado del mundo y que, en tanto tales, ponen en juego la capacidad de la política como instrumento de paz e integración.

Si bien es cierto que los valores necesitan de los intereses ya que la relación entre intereses y valores es la que garantiza que efectivamente estos últimos se “realicen” en el concreto del aquí y ahora. O lo que es lo mismo, dicha relación es necesaria para que se materialice una encarnación de los valores. Igual e inversamente, los intereses necesitan de los valores para no quedar vaciados de sentido.

Ahora bien, la tendencia actual a propiciar una independencia entre valores e intereses apunta claramente a una sumisión de los primeros a los segundos, no importa si se trata de intereses individuales, corporativos o de clase, entre otros.

La consecuencia más evidente e inmediata es que se produce la negación de toda aquella dimensión general en la que sea posible poner en juego el bien común, la búsqueda de bienes para una colectividad, la ampliación de los mecanismos de participación en la toma de decisiones y la idea misma de futuro. Una negación cuya operación consiste en separar lo colectivo, el interés de la comunidad, aún cuando se lo mencione en el nivel discursivo, para concentrarse exclusivamente en las ventajas particulares.

Una de las formas que ha adquirido esta creciente independencia de los intereses con respecto a los valores ha sido la de la subordinación de lo político a lo económico. Ésta ha sido una formula bien conocida en América Latina.

Sin embargo no parece tan simple recomponer este desequilibrio entre valores e intereses. Y si esta tarea resulta compleja es también porque se ha ido consolidando un cambio al nivel del sistema capitalista que ha significado a la vez una transformación en los procesos mismos de conformación de las identidades individuales y colectivas, claramente atravesadas por el consumo y las nuevas tecnologías, por los medios de comunicación y con un fuerte anclaje en el presente. Ello ha significado otras formas de construcción de subjetividades y paralelamente otros modos de participación.

Las formas de despolitización que se esgrimen en nombre de la pura lógica del mercado se vuelven entonces más complejas. Ya no se trata solamente de definir como instrumentales las atribuciones del gobierno dentro de la mera gestión funcionarial de la cosa pública, ni las de una tecnocracia “aséptica” que vacía el contenido valorativo de las propuestas, pretendiendo diluir en la objetividad racional de la técnica todo conflicto.

En esta línea de análisis es necesario introducir también la massmediatización de la política. Más allá de que se invoque un cierto declive de las instituciones tradicionales de la democracia o una crisis de representación, es evidente que la lógica de los medios de comunicación ha impactado también de lleno en la política. Y ésta ha ido asumiendo los ritmos, tiempos, escenarios, lenguajes y modos de organización que son propios de este medio, convirtiéndose lentamente en una suerte de política “espectáculo”.

Como consecuencia se ha dado un creciente vaciamiento y desgaste de la palabra como valor, se ha propiciado una tendencia al efectivismo mediático, a una aceleración de los tiempos y de los procesos, profundizando aún más la implosión de la acción política propiciada por la primacía del mercado que impulsaran las posiciones neoliberales.

Se puede decir entonces de diversas maneras que la política corre el riesgo de convertirse en un puro objeto instrumental, en un uso privado del interés, y con ella es la democracia en sí misma la que se encuentra “arrinconada” y cuestionada por individuos que se sienten inmersos en la inseguridad, desprovistos de mecanismos de representación, participación y disputa de los espacios de poder.

Entonces el vínculo social y las formas de la vida democrática se resienten y aparece, en cambio, la tentación de que la solución radica fundamentalmente en recobrar la cohesión social por la vía de la seguridad pública, invocando el mantenimiento del orden. Aquí confluyen tanto la primacía de la dimensión agonal como el carácter meramente instrumental que ha caracterizado a la política en estos últimos años.

No importa lo que se entienda por “mantenimiento del orden”, en ambos casos la política no es percibida como un elemento positivo, lo que nos lleva a estar a las puertas de una guerra de todos contra todos.

Así como la primacía de la dimensión agonal, el progresivo vaciamiento de contenidos y propósitos, de valores y principios es en sí mismo un peligro para la democracia. Un peligro que es la otra cara de aquella sensación de inseguridad, de ese miedo y ese pánico que pretende roer el vínculo social.

La democracia se enfrenta así, no sólo con el problema de quedar devaluada a una pura forma, desvinculada de valores y principios éticos, reducida a formas “delegativas”, sino también se expone a quedar encerrada en un círculo vicioso donde la inseguridad anule la capacidad para reflexionar colectivamente y para debatir el sentido que están asumiendo los cambios que definen este cambio de época. En este punto, los medios de comunicación potencian –cuántas veces- esta tendencia propiciando una “demanda de emoción colectiva”.

La necesidad de recuperar el valor de la política y su dimensión arquitectónica, ese momento que hace referencia a la capacidad para vertebrar y poner en funcionamiento proyectos comunes, que remite a la posibilidad de avanzar en la búsqueda de consensos, resulta fundamental para el momento actual por el que transitan los países de América Latina y para la Argentina en particular.

El valor de la política es fundamental para enfrentar el triple desafío de insertarse en un mundo globalizado, en medio de una profunda transformación económica, tecnológica y cultural; de hacerlo sin resignar un desarrollo integral y sostenible, en el que sea posible recuperar la justicia social como eje vertebrador de nuestras sociedades; y de extender y afianzar los procesos de integración regional en un momento en que la soberanía estatal está siendo vulnerada, poniéndose en juego además la conformación de un orden internacional más justo y equilibrado en el cual definir la posición de cada país a través de una efectiva integración regional.

La consecución de estos tres desafíos nos lleva necesariamente a comprender que la política es la argamasa necesaria para articular valores y marcos de referencia que nos permitan consolidar una comunidad de sentido.

Sin embargo, la recomposición de esta faz arquitectónica de la política requiere de la formación de capacidades y de valores que desde la educación se orienten a la participación activa, que permitan revitalizar los esquemas de pertenencia colectiva, que abonen el desarrollo de una conciencia crítica y, por sobre todo, que hagan posible generalizar la prevalencia de una “sociedad educadora” en la que cada uno asuma el compromiso de ser un actor efectivo, que toma para sí la responsabilidad de hacerse cargo del conjunto de la sociedad, comprendiendo así que los intereses personales no pueden ponerse por sobre los del conjunto de los ciudadanos.

Pensar la política como un valor conlleva entonces la necesidad de revertir esta tendencia hacia una creciente independencia entre valores e intereses que apunta claramente a una sumisión de los primeros a los segundos. Una tendencia cuya consecuencia más evidente e inmediata, como lo decía recién, radica en que se produce la negación de toda aquella dimensión general en la que sea posible poner en juego el bien común, la participación efectiva de todos, la búsqueda de bienes para una colectividad y la idea misma de futuro.

Recomponer el sentido de la inclusión y la justicia social, del diálogo intercultural y del acercamiento entre los pueblos, de la solidaridad y la participación, del carácter central que adquiere la defensa de los derechos humanos, de la vida y de la naturaleza como valores de la política y a la política como un valor, orientada por la idea de servicio social destinado a la consecución del bien común, es en sí mismo recoger la capacidad de la acción política para erigirse en un instrumento de paz.

En ella se pone en juego nuestra capacidad para reconocer plenamente el carácter individual y social del hombre, su ser histórico y por ende abierto al futuro, su capacidad para pensar y para creer y, su condición de criatura llamada a la libertad dentro del marco de la responsabilidad consigo, con los otros y con la naturaleza.

La política resulta entonces el campo propio de la acción laical en la medida en que representa el interés por un tema crucial: la sociedad en la que vivimos. En la política se efectivizan una cierta concepción del hombre, de la comunidad y del mundo. El desarrollo integral de la persona y el crecimiento social se encuentran estrechamente vinculados. Lejos de ser considerado como un mero objeto pasivo de la vida social, el hombre es el "sujeto", el "fundamento" y el "fin" de la vida social. La inviolable dignidad de la persona humana va de la mano de una recuperación de la política como ámbito de sentido y de acciones encarnadas en valores. Y es la caridad política la que concretiza y encarna socialmente el sentido de servicio que identifica la acción del cristiano, ya sea en lo privado o en lo público.

El hombre encuentra de esta manera su origen en la comprensión de su ser como ser político, ligado a los demás, comprometido con la comunidad, con relaciones que varían en el tiempo pero que lo definen como un "ser constitutivamente social".

Sin embargo, la consecución del bien común se deriva de las exigencias de cada época, de allí la importancia de poder "leer" y "pensar" el contexto en el que nos encontramos. El bien común nos exige además el respeto y la promoción integral de la persona y el de sus derechos fundamentales, lo que se encuentra vinculado con la promoción de la diversidad cultural y de intereses que se encuentran presentes en el entramado social.

Antes de subrayar algunas cuestiones que he considerado dentro de los desafíos que la política como valor enfrenta a nivel global, Latinoamericano y nacional, quiero anotar algunas características del “cambio de época” en el que nos encontramos inmersos.

Una caracterización sobre el “cambio de época”

El Consejo Pontificio Justicia y Paz (2005), en su documento "Compendio de Doctrina Social de la Iglesia", señala que junto con “la verdad misma del ser-hombre” y “la comprensión y la gestión del pluralismo y de las diferencias en todos los ámbitos”, la globalización se presenta como un fenómeno cuyo sentido es más amplio que el “simplemente económico, porque en la historia se ha abierto una nueva época, que atañe al destino de la humanidad”.

La noción “cambio de época” nos remite a una ruptura histórica que comienza a tomar forma hacia fines de los años sesenta y principios de la década de los años setenta, cuando las principales economías capitalistas se encuentran en crisis y el sistema ingresa en una fase recesiva.

He de notar que la crisis no agota el sentido de dicha noción ya que remite, al mismo tiempo, a la irrupción de una nueva dinámica social de alcance global que ha sido teorizada desde diversas perspectivas, como aquella que refiere a la sociedad del conocimiento y de la información.

Este cambio de época se puede caracterizar sucintamente como:

-La conformación de un escenario de gran complejidad donde los diversos planos (global, regional, nacional y local) y las diferentes configuraciones socio-culturales (premoderno, moderno, posmoderno) se encuentran dados de manera simultánea, superpuesta y entrecruzada, imbricándose e incidiendo unos en otros;

-La transición entre un tipo de sociedad que no termina de morir y otro que no acaba de consolidarse plenamente. Transición que puede describirse como el paso de una sociedad industrial a otra posindustrial, como tránsito a una sociedad marcada por la centralidad del conocimiento en el proceso productivo y por la importancia estratégica de la innovación (y del desarrollo de las capacidades vinculadas a la investigación y a la aplicación de conocimientos);

-La redefinición de las categorías espaciales y temporales, donde la velocidad y la conectividad determinan la primacía de lo instantáneo y fluido y la irrupción del acontecimiento en la política como núcleo de sentido. La mutación del tiempo pero, particularmente, del espacio que coincide ahora con la casi extensión del universo y con un presente que se ha dilatado, perdiendo sus vínculos con el pasado y el futuro, densificando su propio ser en un presente continuo.

-El incremento de las desigualdades a nivel mundial pero particularmente en lo que atañe a América Latina, hecho que tiene sus repercusiones en los niveles de educación y los circuitos de calidad de la misma, así como también a la capacidad de acceso a las tecnologías digitales. La concentración de la riqueza a nivel mundial determina además el sentido de los flujos financieros. Los desplazamientos migratorios (y el efecto de las remesas) por causa de la violencia, la pobreza y la injusticia social son otro importante factor que ha impulsado la desigualdad. En particular de aquella mano de obra que emigra de las regiones más pobres hacia las más desarrolladas, pero también del campo a la ciudad.

-Una crisis de las condiciones que hicieron posible el estado de bienestar, con una pérdida relativa de la autonomía de las políticas económicas con respecto a las finanzas, con mutaciones en el mercado laboral, donde se ha suplantado mano de obra por tecnología, con altos niveles de desempleo y de informalidad, con una marcada flexibilidad contractual y con una pérdida de derechos sociales, acompañado por una disolución de las “solidaridades orgánicas” y una acentuación de los “valores” del éxito económico.

-Una redefinición de la noción de soberanía estatal, donde la instancia nacional, otrora depositaria de un espacio político cerrado, perfectamente delimitado y homogéneo, se ha visto reformulada. La fuerte erosión del espacio nacional ha sido atravesada por movimientos de apertura y descentralización que provienen tanto de las instancias globales o supraestatales, como de aquellas vinculadas al nivel local. Esta tensión, que es doble, establece una dinámica de compresión que lo desborda por “arriba” y lo constriñe por “abajo”.

-Los estados han sido incorporados dentro de un sistema de mayor alcance, el sistema internacional. Un sistema incompleto que va adquiriendo consistencia de manera paulatina y en el que parecen imponerse, no sin dificultades particularmente en América Latina, las regiones como nuevos actores políticos.

-Una mundialización cultural que tiene su soporte en los desarrollos comunicacionales e informáticos, particularmente en torno a las industrias culturales. Donde el carácter “transversal” y de “atravesamiento” en que se encuentran dadas las “cultura-mundo”, la cultura nacional (podría decirse también la regional) y la local, instaura un juego de relaciones de desterritorialización y reterritorialización que tiene su impacto no sólo en la noción de espacio sino, además, en la conformación de identidades. En este movimiento, las nociones mismas de cultura e identidad han sido transformadas por la aparición de nuevos lugares de acción y conocimiento, nuevos modos de organización de la producción, la distribución y la circulación de bienes y mensajes.

Voy a centrarme ahora tres desafíos que se encuentran presentes en los diferentes planos (global, regional, nacional y local) para pensar la política como un valor:

1. La construcción de un espacio público transnacional

2. La inclusión social en América Latina

3. La profundización de las democracias y la integración regional

1. Lo público en el espacio transnacional

Sobre el primer desafío, la construcción de un espacio público transnacional, diré que uno de los retos del actual sistema internacional pasa por la convivencia y el encuentro de las diferentes culturas, por la posibilidad de profundizar un diálogo cultural que sea en sí mismo producto de una interculturalidad. Un diálogo en donde se ponga en juego nuestra capacidad para integrar dentro de un mismo espacio global (que es comunicacional y cultural pero también político y económico) a diferentes identidades culturales.

Se trata de una interculturalidad cuyo desafío tiene un doble propósito. Por una parte, aquel que nos indica que nos encontramos frente a la necesidad de organizar un espacio (y un gobierno) global cuya arquitectura presenta evidentes signos de desgaste. Una arquitectura que no puede dar cuenta de la dinámica que actualmente define las relaciones internacionales y que ha sido en buena medida pensada para la realidad imperante en la posguerra.

Ello significa aumentar la capacidad de la política para informar y democratizar un espacio heterogéneo y fuertemente jerarquizado, generando instituciones y organismos, instancias de representación capaces de distribuir con más equidad el poder y la participación a nivel global. Esta cuestión se vuelve especialmente importante para componer un sistema internacional con verdadera capacidad democrática, en el que sea posible además un mayor espacio de acción para la política en momentos en que la lógica económica y financiera junto con el desarrollo de la tecnología, parecen ser las principales dadoras de sentido en un mundo reconfigurado temporal y espacialmente.

Este es el punto sobre el que quiero centrar mi reflexión sobre el primero de estos desafíos. Tal y como están dadas las cosas, el espacio público transnacional aparece hoy alejado de valores como la libertad, la democracia, la justicia, la igualdad y, por supuesto, la paz.

Su articulación y constitución no puede quedar en manos de una lógica meramente instrumental, ni obedecer a las dinámicas financieras y comerciales. Debe recuperar una impronta política plena que hoy encuentra un terreno más propicio para su desarrollo en América Latina y también en Iberoamérica, cuyos Jefes de Estado y Gobierno han suscripto en la reciente Cumbre Iberoamericana de Montevideo la Carta Cultural Iberoamericana.

La dirección, el sentido, el contenido de este espacio debe dar cuenta a nivel sistémico de las diferentes y desiguales fuerzas políticas y económicas, de las jerarquías y relaciones de poder, de las asimetrías de intercambios y de la subordinaciones de diferente tipo que lo atraviesan y que lo constituyen. Sólo entonces el espacio público transnacional podrá aparecer como algo diferente a las visiones parciales que, de una u otra manera, se han intentado proyectar en desmedro de la diversidad y del diálogo intercultural.

Por otra parte, se trata de impulsar también medidas que a nivel global, regional y nacional promuevan una mayor integración de identidades culturales que son fundamentalmente disímiles. Una integración que en sí misma no signifique para estas identidades el hecho de tener que pagar el precio de la asimilación en nombre de una modernización excluyente y que ello implique la consiguiente pérdida de sus identidades particulares. Esto nos permite comprender el verdadero alcance que conlleva la tarea de efectivizar la diversidad cultural.

Comenzar a estructurar este espacio transnacional como un verdadero espacio público significa dotarlo de los valores que hoy están ausentes.

2. Política e inclusión social en América Latina

La inclusión social en América Latina es el segundo desafío. Así como se ha hecho necesario replantear la relación entre democracia y política a nivel del espacio público transnacional, de igual manera esta relación se ha vuelto problemática para la región y para cada uno de los países en lo que atañe a la inclusión social.

Si bien las democracias en América Latina se han fortalecido e incluso han superado graves crisis y tensiones sin recurrir a las regresiones totalitarias, sin embargo tanto la política como las democracias se encuentran cuestionadas en cuanto a su capacidad para resolver los problemas cotidianos y expresar las demandas de la sociedad.

Por un lado, las comunidades políticas se enfrentan a las limitaciones de los poderes que actúan a nivel global y en los mercados transnacionales. Sobre esta cuestión, a la que me he referido anteriormente, quisiera agregar simplemente una nota: ya no podemos seguir pensando que el desafío consiste en integrar a los ciudadanos dentro de un proceso de desarrollo que se enmarca en una cierta unidad cultural y socioeconómica, relativamente definida y estable como pudo haber sido el Estado-nación en el período de la posguerra.

Por otro lado, hay que señalar las dinámicas que en sí mismas desatan deudas sociales como la exclusión, las desigualdades y la pobreza, producto de las políticas económicas aplicadas en los últimos treinta años, y su repercusión no sólo en términos económicos y sociales sino también en términos de un ejercicio pleno de la ciudadanía.

Este último punto es un dato fundamental para dar cuenta de la realidad latinoamericana y nacional, incluso a pesar aún de los avances que se están haciendo en el terreno de la pobreza y a favor de la inclusión.

Asumir el alto nivel de fragmentación que exhiben las sociedades latinoamericanas implica comprender que a las distorsiones y desigualdades que se enmarcan dentro de la distribución económica, se suman aquellas otras que se nutren de un inequitativo acceso al conocimiento y a las tecnologías, vinculadas además (en la mayoría de los casos) a históricos procesos de discriminación racial practicada fundamentalmente contra indígenas, mestizos, afrodescendientes y campesinos, además de otras minorías vinculadas con el sexo o la religión.

La existencia de fenómenos y procesos diversos de exclusión no sólo plantea problemas preocupantes para nuestras sociedades sino de manera particular para la educación.

Si bien la educación puede contribuir de manera significativa a crear condiciones para la inclusión social, mediante una actuación decidida a favor de los sectores de población que corren el riesgo de la exclusión o que han caído en ella, no puede esperarse todo de ella.

En contextos sociales como los actuales, la educación debe estar acompañada por un conjunto de políticas de desarrollo social (empleo, vivienda, servicios sanitarios, seguros asistenciales, etc.) que promueva un incremento de las capacidades a nivel del sistema para atender las complejas necesidades que presentan los grupos sociales más vulnerables.

De las más diversas maneras (hambre, violencia, desempleo, abuso o robo) lo social irrumpió en las aulas. Si por un lado los docentes se pauperizaron, por el otro la escuela ya no pudo continuar siendo el espacio cerrado y separado del mundo que proponía el programa institucional del siglo XIX. Ello se tradujo en un incremento del malestar, del conflicto, del fracaso escolar y en una cierta pérdida de sentido. La especificidad institucional también se vio afectada, obligando a las escuelas y a los docentes a asumir funciones asistenciales y de contención además de las propias de su profesión. En situaciones críticas, la escuela se convirtió muchas veces en la “última frontera”.

Otro tanto ocurrió con las familias que llegaron a la escuela. Pero también otros niños y adolescentes, muy diferentes a los destinatarios tradicionales de la acción educativa, se dieron cita en el ámbito escolar. Esta es una característica que no se limita a aquellos que provienen de los sectores tradicionalmente excluidos (y que en tanto tales traen a la escuela una cultura diferente), sino al conjunto de la población escolar. Este desencuentro entre cultura escolar y modelos socio-culturales de la juventud se produce en un momento en el que ya no es posible hacer una distinción entre la escuela y el mundo de la vida. Por eso se ha insistido en la importancia de abrir el diálogo con los jóvenes como estrategia fundamental para recomponer esta distancia.

Sin embargo y a pesar de la transitoriedad y del carácter imprevisible de los horizontes vitales y las referencias al largo plazo tanto a nivel colectivo como individual, la educación sigue siendo un “bien social específico” que funda toda condición de posibilidad de la política.

En ella se pone en juego la capacidad de componer un espacio público inclusivo y de recomponer una cadena de significados comunes, articulados en torno a un proyecto colectivo, orientados al bien común. De esta manera, el sentido de la educación excede cualquier intento de fundarla como una mera herramienta eficaz para alcanzar ciertos fines.

Las políticas educativas se insertan así en esta tensión entre una realidad cada vez más compleja de la que es necesario dar cuenta, donde la escuela convive con la desigualdad social y la pobreza, por un lado, y la estrecha vinculación con un proyecto de país sobre el que se debe fundar un debate de ideas y principios, por el otro.

En medio de esta tensión, la educación sigue siendo un eje central para la construcción de sentido, la práctica de valores y principios, un espacio para la memoria, la identidad y el diálogo plural, un lugar para integrar la realidad dentro de una trama significativa.

3. Democracia y política en América Latina

El tercer desafío es la profundización de las democracias y la integración regional.

La íntima vinculación entre democracia y política, aún con las diferencias que exhiben los países de América Latina, no es sino la expresión de un tipo de relación entre estado y sociedad que viene fundamentalmente marcada por la cuestión social. Una relación en la que permanecen algunas cuestiones centrales: la definición del rol del Estado en tanto que director del proceso de transformación productiva y de inserción en la economía internacional, la superación de las desigualdades sociales y la transformación productiva a partir de un programa de desarrollo integral articulado en torno al valor de la justicia social.

En esta relación entre Estado y sociedad, al mismo tiempo que se concentran los desafíos pendientes, se encuentra el nudo por el que pasa la posibilidad de construir una cierta capacidad de acción política.

Sin embargo, se trata de una capacidad que se halla ligada a una cuarta cuestión pendiente: el fortalecimiento de la institucionalidad. Fortalecimiento que requiere de una renovación en los liderazgos y en las dirigencias políticas, abandonando la tendencia a la farandulización y a la autorreferencia.

En la medida en que se produzca un acuerdo social en el que estén representados la mayor parte de los sectores, y que ello se produzca en el marco de los partidos políticos, insertando las propuestas dentro de un esquema temporal de mediano y largo plazo, sólo de esa manera será posible crear instituciones que le den respaldo y legitimación a un proyecto de futuro.

Allí reside el valor de la política en tanto que acción capaz de dotar de sentido el proceso de reconstrucción social que tenemos por delante. Este es el valor de la política en América Latina: su capacidad para dar un sentido ético el proceso. Es decir, la capacidad de oponerse a la fragmentación y a los individualismos, a la desigualdad, a la violencia y al consumismo. Y de hacerlo inscribiendo valores como la justicia, la igualdad, la defensa de los derechos humanos y de las memorias, el respeto de la diversidad cultural, de la cultura de nuestros pueblos y la promoción del diálogo intercultural.

Llegados a este punto es posible intentar redefinir la relación primaria entre política y democracia. Una redefinición que nos permita ir más allá de las “democracias delegativas”, de “emoción colectiva” o de su reducción a un mero sistema de procedimientos electorales.

Al movilizar estos valores lo que estamos poniendo en juego es la posibilidad misma de hacer de la acción política una capacidad que permita convertir a las democracias en sistemas con capacidad “real” de organizar el poder y la sociedad, donde se recupere el sentido pleno de la participación, el debate público y la construcción colectiva del futuro.

Este proceso de reconstrucción de las democracias y de la política, por intermedio de una reconfiguración de las relaciones entre el estado y la sociedad, evidentemente no podrá seguir un patrón general que sea aplicable a todos los países de la región. Las características sociales y culturales, además de las trayectorias históricas jugarán en cada uno de ellos una rol preponderante, lo que dará diversas versiones de avance por esta vía. Sin dudas los proyectos tendrán en cada caso los matices que se desprendan de sus propias trayectorias.

Sin embargo, está presente un desafío común que tiene que ver con que la política, como ese espacio de poder para la toma de decisiones, para la transformación del sistema productivo, para conseguir una inserción no subordinada en la economía internacional, para la superación de las desigualdades y para materializar la integración social, se encuentra hoy con que debe operar no sólo en el ámbito nacional-estatal sino también en la dinámica regional y global.

Cierre

Estamos entonces frente a un proceso que se juega simultáneamente en dos tableros.

En uno de esos tableros (el tablero nacional), los países de América Latina enfrentan la necesidad de reconstruir las relaciones entre el Estado y la sociedad. Los desafíos que hemos enunciado tienen como eje la recomposición del vínculo societal, afectado principalmente por las experiencias dictatoriales, las dinámicas globalizadoras y las políticas neoliberales. Particularmente en una región en que ello ha significado un incremento de la pobreza, la marginación y la exclusión, contracara de las crecientes desigualdades sociales.

En el otro tablero (el tablero global), en cambio, se hace evidente la necesidad de trascender el horizonte nacional y construir visiones más amplias espacial y temporalmente, como son los procesos de integración regional. Visiones en las que sea posible recoger la tradición de una unidad latinoamericana o iberoamericana, enclavada en el acervo cultural de la región. En particular ante un sistema internacional en el que se ha profundizado la interdependencia entre estados y regiones, acentuando el carácter parcial de las mismas. Un sistema recorrido por tensiones y asimetrías definidas por diversas formas de dependencia económica y subordinación política, las que hunden sus raíces en la historia y responden, no sólo al modo en que los países definieron su inserción en la economía global, sino también a los modos de división del trabajo y la producción establecidos a nivel internacional.

Sin embargo, el modelo de integración que ha privilegiado - aproximadamente desde mediados de los años cincuenta – los aspectos económicos o comerciales, se enfrenta hoy a un agotamiento que reclama, en cambio, un mayor equilibrio de las dimensiones política y cultural. Se trata entonces de concentrarse en modelos que impulsen la integración en términos políticos, recogiendo las raíces históricas y culturales que, en el caso de América Latina han sido muchas veces las más desatendidas.

La necesidad de pensar en estrategias comunes para enfrentar desafíos como la energía, las corrientes migratorias, la cooperación científico-tecnológica, la preservación del medio ambiente, la solución de controversias entre vecinos, el avance de las industrias culturales, los cambios en la política y la economía internacionales, el papel de los Estados Unidos en la región, entre otros, están señalando claramente que estamos ante una resignificación de la política. Ello representa un valor también para consolidar una unidad regional históricamente perseguida.

Es en este sentido que, a diferencia del carácter económico y comercial que ha sido característicos de los anteriores modelos de integración, el actual nos plantea la posibilidad de tomar como punto de partida la capacidad política de afirmar verdaderamente el enunciado cultural que nos identifica para luego sostener estrategias conjuntas para el desarrollo económico y comercial.

Este segundo tablero es verdaderamente estratégico si queremos atender las especificidades de cada uno de los países en un contexto en el que, a pesar de los procesos de desterritorialización y transformación del sistema capitalista, las identidades y los proyectos políticos siguen siendo las instancias que proporcionan el sentido capaz de orientar nuestras acciones hacia lo que queremos ser y, además, las que atraviesan todas las producciones materiales e inmateriales que forman parte del acervo pasado, presente y futuro de nuestros pueblos.

La política tiene por delante tareas tanto a nivel nacional, como regional y global, las que requieren interpretar correctamente las particularidades de nuestra época.

Así como en la encíclica “Populorum progressio” (1967), Paulo VI consideraba que "el desarrollo es el nuevo nombre de la paz", un desarrollo con todos y para todos, hoy se podría agregar además, siguiendo la encíclica “Sollicitudo rei sociales” (1987) de Juan Pablo II, que “la paz es el fruto de la solidaridad”.

El desarrollo con y para todos y la paz son objetivos que requieren de nuestra capacidad para realizar la justicia social e internacional por medio de la práctica de aquellas virtudes que abonen la convivencia, el diálogo intercultural, la comprensión mutua, y la opción por aquellos que hoy se encuentran excluidos y viviendo en la pobreza.

La tarea no es fácil. Los riesgos son múltiples. De todos modos: la paz es obra de todos. Aceptemos los riesgos con la certeza que nos da la palabra del Señor, que en el sermón de la montaña nos dijo “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5, 9).

Muchas gracias